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De la partidocracia a la democracia.

La República Dominicana históricamente ha sido impactada por un individualismo que causa daños irreparables al Estado y la sociedad en general, cuyas consecuencias son la erosión del sistema democrático representativo de gobierno, porque la falta de una visión colectiva provoca que sean las grandes mayorías las más perjudicadas.

El individualismo causa estragos desde que nació la República Dominicana en el 1844, ya que en vez de su control provenir de los que concibieron un proyecto colectivo para liberar el país del yugo haitiano, como fue La Trinitaria, encabezada por el padre de la patria Juan Pablo Duarte, el dominio del naciente Estado quedó en manos de los hateros, representados por Pedro Santana, primer presidente de la nación.

Sin quitarle importancia a fechas tan históricas como el 27 de febrero de 1844, la realidad es que ese escenario, aunque no fue exactamente igual, se reprodujo en el 1863 cuando se inicia la guerra restauradora para romper con el dominio español sobre el territorio dominicano, pero no bien terminó esta confrontación, vino otra entre los propios criollos que habían propiciado y ganado tan importante acontecimiento.
De la guerra restauradora se derivaron una serie de confrontaciones entre los que habían tenido ganancia de causa y producto del individualismo que ha caracterizado toda la historia nacional, se produce el sacrificio del primer presidente que tuvo ese importante triunfo, José Antonio Salcedo (Pepillo), quien fue acusado de traidor y ejecutado por otro prócer nacional, Gaspar Polanco.

Pero hubo otros episodios de una gran trascendencia para lo que ocurriría después en el país, lo cual ha marcado toda la historia política y social de la República Dominicana, cultivándose una cultura fundamentada en el machismo, el patriarcado, el jefismo, el caudillismo, el amiguismo y una serie de antivalores que han acabado en la actualidad con la hermandad, la solidaridad y la reciprocidad.

Muy recientemente el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de desclasificar los documentos sobre el derrocamiento del profesor Juan Bosch y el ajusticiamiento de Rafael Leonídas Trujillo Molina, cuyo elemento a destacar es cómo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) revela que las motivaciones para acabar con la dictadura no era instalar una sociedad más democrática, sino satisfacer las apetencias personales de los protagonistas de los hechos.

En esa misma dirección y como resultado del surgimiento de algunos fenómenos de la política y la economía, también ha nacido la cultura de la apariencia en la que todo el mundo quiere proyectar que tiene bienes materiales para inspirar algún respeto frente a los demás, porque el éxito del hombre y de la mujer se mide por la riqueza conseguida, no por el talento y las virtudes.

Ello ha provocado que todos los espacios de alguna importancia política y económica hayan sido copados por los que buscan fortunas a cualquier precio, máxime si se trata del patrimonio público, el cual les duele a muy pocas personas.

Un buen ejemplo de que esa herencia histórico cultural juega un papel de primer orden en la vida nacional, sólo hay que hacer una revisión para arribar a la conclusión de que todas las organizaciones de carácter social han parado en manos de algunos “vivos”, cuya única meta es buscar fortunas fáciles sin importar a qué precio.

En el marco de esta realidad histórica y del control del Estado por parte de lo que se ha dado en llamar la partidocracia, la cual está conformada por partidos grandes, medianos y pequeños, todos concebidos como un gran negocio, se produce en el país la sentencia TC0788/24, la cual introduce al escenario político nacional las llamadas candidaturas independientes, las cuales son un motivo de gran preocupación para algunos sectores de la vida nacional.

Esta decisión del Tribunal Constitucional está inspirada en las bondades que caracterizan al neo-constitucionalismo, entre cuyos propósitos está democratizar la vida nacional e internacional y empoderar a los ciudadanos en lo que respecta al derecho y el principio de elegir y ser elegible.

La decisión del TC se fundamenta en una serie de mandatos de la Constitución, como por ejemplo, lo consignado en los artículos 2, 22, 208 y 272 de la carta magna, los cuales hacen hincapié en que la soberanía descansa en el pueblo dominicano y que el derecho y el principio de elegir y ser elegible es una facultad ciudadana.

Sin embargo, los partidos políticos han entrado en pánico frente a las candidaturas independientes, las cuales, si bien podrían traer algo muy bueno, también puede ocurrir que sea algo muy malo, pese a que no hay forma de negar que la figura hace la democracia más participativa y más democrática, valga la redundancia.

Las candidaturas independientes han propiciado que en el país muchos intelectuales desencantados de la política partidista hagan fila para que la República Dominicana pueda dar un giro hacia una vida más institucional y ética para alcanzar metas de desarrollo y progreso que de que de otra manera fuera prácticamente imposible lograrlas.

Las candidaturas independientes pueden ser convertidas en un instrumento para que los intereses colectivos primen ante los individuales y que el país inicie el recurrido por una ruta de la instauración de altos niveles de institucionalidad, fiscalización y regulación del Estado dominicano.